Propuesta:

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una importante actividad de contratación administrativa que se ha ido complejizando con el paso del tiempo y en especial tras la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ello ha llevado a que los procedimientos se extiendan en el tiempo y pasen muchos meses desde el inicio de un expediente de contratación hasta que se termina formalizando el mismo.

Uno de los principales problemas se deriva del aumento de recursos especiales de contratación interpuestos por los licitadores que paralizan el proceso en tanto en cuanto son resueltos por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), cuya profesionalización en esta legislatura no ha supuesto una mejora de los plazos de resolución de estos recursos. Bien al contrario pasan meses hasta conocer su decisión, lo cual genera importantes perjuicios para el propio Ayuntamiento, los vecinos que son los destinatarios de los servicios que este presta y los propios licitadores que optan a alguno de esos contratos.

Dado el tamaño del Ayuntamiento de Zaragoza, que incluye la propia administración municipal, sus patronatos y sociedades mercantiles dependientes, está justificado que, como ocurre ya con las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón, se cuente con un órgano propio de resolución de recursos contractuales que permita ganar en agilidad en esta materia en beneficio de vecinos, ayuntamiento y licitadores.

El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece:

“En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros.”

Por todo ello se propone la creación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ZARAGOZA (TACPZ) cuya función será la resolución de los recursos especiales en materia de contratación que se puedan interponer en cualquiera de los contratos promovidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y/o sociedades mercantiles.

Propuesta realizada por Violeta Barba, Fernando Rivarés, Amparo Bella, Iván Andrés, Paloma Subías, Adolfo Lahoz, Carmen Monge, Perico R. Cebollada, Miriam Ferrer, Álvaro Viu y Pedro Arrojo.
Comparte la propuesta