Propuesta:

En el contexto del oscuro operativo de privatización de los servicios de agua y saneamiento en Aragón, sobre la base de que los Ayuntamientos cedieran a la DGA sus competencias en esta materia, Zaragoza nunca cedió las suyas, siendo, desde un principio, junto a algunos municipios más como Fabara, de los pocos que han construido sus propias depuradoras sin subvención alguna, Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza viene cubriendo los costes de amortización y de gestión de sus dos depuradoras, mediante el pago de vecinos y vecinas de la correspondiente tasa. Resulta por tanto ilegítimo, injusto y abusivo que la DGA cobre a esos mismos vecinos el ICA por un servicio que no les presta, con el único fin de cubrir el déficit de esa oscura operación de privatización, que ha llevado a construir depuradoras sospechosamente sobredimensionadas y con tecnologías inadecuadas, con un coste medio de 2,34 € por metro cúbico depurado, que casi triplica lo que en España se paga en media por este tipo de servicios. Tanto el proceso de privatización en el que se basa el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, como el ICA, con el que se pretende financiar, son fruto de la vigente Ley de Aguas y Ríos de Aragón que elaboró y aprobó, de forma precipitada, el Gobierno de la DGA del PP y del PAR, pocos días antes de las elecciones que perderían posteriormente. Una Ley que promueve de facto la privatización de los servicios de agua y saneamiento de Aragón, así como la creación del IAA-Instituto Aragonés del Agua, una institución que oscurece y dificulta el control público de la gestión. Se hace por tanto necesario reformar en profundidad esta Ley para promover la autonomía municipal de los Ayuntamientos en el ejercicio responsable de sus competencias y disolver el IAA, para gestionar desde la DGA pasar a gestionar las funciones y responsabilidades de la DGA relacionadas con estos servicios, insistimos, de competencia municipal, desde la correspondiente Dirección General, en adecuada coordinación con Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Por otro lado, la RAPA, asumiendo de forma responsable la inevitable herencia que nos deja el vigente Plan de Saneamiento y Depuración, propone criterios de reforma de dicho Plan y de la Ley, al tiempo que un nuevo modelo de financiación, en el que nadie pagaría más de lo que se paga hoy en el conjunto del Estado, en media, por estos servicios. La DGA, como institución responsable del desaguisado, cubriría los sobrecostes del mismo, al tiempo que se prevé un sistema complementario de solidaridad, a nivel de Aragón, en el que Zaragoza aportaría, en un marco de transparencia, su colaboración de apoyo a los municipios rurales más vulnerables.

Por todo ello, desde la coherencia de un municipalismo democrático participativo proponemos la derogación del ICA, la disolución del IAA y la reforma de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, para impulsar un nuevo modelo de gestión pública y participativa desde los municipios, en el ejercicio responsable de sus competencias, asumiendo el modelo de financiación propuesto por la RAPA.

Propuesta realizada por Violeta Barba, Fernando Rivarés, Amparo Bella, Iván Andrés, Paloma Subías, Adolfo Lahoz, Carmen Monge, Perico R. Cebollada, Miriam Ferrer, Álvaro Viu y Pedro Arrojo.
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Comentario de Charo Gimenez
No abandonar esta pelea, porque es racional económicamente hablando y justa para toda la gente aragonesa.